■ Para mitigar sus efectos anuncia un programa que intenta impulsar crecimiento y empleo
■ Propone ampliar el gasto público en infraestructura, eliminación del esquema Pidiregas en Pemex, la construcción de una nueva refinería, apoyo a Pymes y hacer más competitivo el aparato productivo.
Tras reconocer por primera vez que la crisis internacional provocará “impactos negativos” en México, el presidente Felipe Calderón presentó un programa para impulsar el crecimiento y el empleo, que busca mitigar esos efectos. De sus cinco puntos destaca la ampliación del gasto público en infraestructura, el cual será financiado con la desaparición de los proyectos de impacto diferido en el registro del gasto (Pidiregas), la conversión de sus pasivos en deuda pública y la exclusión de la inversión de Petróleos Mexicanos (Pemex) del Presupuesto de Egresos.
También considera la construcción de una nueva refinería, con 12 mil millones de pesos acumulados del Fondo de Estabilización de Pemex; la instrumentación de medidas para acelerar el ejercicio del gasto en infraestructura, así como el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y las medidas para desregular y desgravar aranceles para hacer más competitivo el aparato productivo nacional.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó después en un comunicado que incluir la inversión de Petróleos Mexicanos en el presupuesto y excluir la misma del balance presupuestario llevará a un déficit del sector público de 1.8 por ciento del producto interno bruto. Con ello, añadió, los requerimientos financieros del sector público se incrementarían a 2.8 por ciento del PIB, comparado con 2 por ciento que apareció en el paquete económico presentado en septiembre.
Al dar un mensaje en Los Pinos, el michoacano hizo un llamado “respetuoso” al Congreso de la Unión a que apruebe este programa, el cual está plasmado en una serie de adecuaciones a la Ley de Ingresos y al proyecto de Egresos de la Federación para el año 2009, así como en una reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias.
A diferencia de lo que ocurre en otros países ahora mismo, aclaró que este programa no es un rescate financiero, sino que está enfocado al fortalecimiento de los motores internos de la economía, que le darán un impulso equivalente a cifras cercanas al uno por ciento del PIB.
En conjunto, refirió, este programa implica un mayor impulso fiscal, disponibilidad de financiamiento a sectores prioritarios y apoyo a proyectos de infraestructura por un total de 255 mil 300 millones de pesos.
Flanqueado por los secretarios de Hacienda, Agustín Carstens, y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, Calderón Hinojosa presentó el programa, que definió como una “respuesta oportuna y decidida” del gobierno federal para enfrentar una situación que afecta a todas las economías del mundo.
De hecho, cinco horas antes, y después de meses de rechazar que esta situación tuviera impacto fuerte en la economía mexicana, el Presidente admitió incluso que ésta es la peor crisis mundial en 80 o 70 años, que habrá de tener “efectos negativos” para el país.
En su mensaje de la tarde, que fue detallado después en un comunicado por la Secretaría de Hacienda, Calderón admitió que el gobierno recibirá 28 mil millones de pesos menos de ingresos públicos a causa de la disminución de la recaudación esperada de impuestos y el menor precio del petróleo. Además, habrá otros impactos negativos para el país, que se traducen en menores exportaciones, remesas, turismo e inversión extranjera directa.
A pesar de este entorno internacional “tan adverso”, anunció que hará frente a esta situación, convencido de que la fortaleza de las finanzas públicas y de la economía mexicana “evitará una crisis como las que solíamos sufrir en el pasado y que condujeron al país a la bancarrota.
“Lo he dicho y lo reitero, la situación adversa de la economía mundial tendrá impacto en México, sí, pero saldremos adelante”, explicó. Previó que una vez que pase esta adversidad el país estará más fuerte, crecerá más rápido y generará más empleos.
Lejos de restringir el crédito, como está ocurriendo en el mundo, señaló que con su programa buscará expandir el aparato productivo y especialmente a las pequeñas y medianas empresas a través de la banca de desarrollo. En lugar de reducir el gasto en infraestructura, dijo, se debe buscar ampliarlo y poder impulsar el crecimiento y el empleo.
Como parte de su plan anticrisis, anunció como primer punto que aprovechará la coyuntura también para “corregir de raíz” una serie de problemas estructurales que se venían arrastrando en la contabilidad y en las finanzas públicas.
Con ese fin, propuso una reforma integral al esquema de inversión de Pemex que incluye eliminar el esquema Pidiregas, reconocer y liquidar parte de estas obligaciones con las disponibilidades existentes o con excedentes disponibles propios y considerar el resto de las obligaciones de este tipo como deuda de la paraestatal.
Además, planteó excluir la inversión de Pemex de la meta de balance presupuestario mediante una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Reforma Hacendaria, con lo que se liberan 78 mil 300 millones de pesos, en su mayor parte de la amortización de Pidiregas.
Con esta cantidad, explicó, no sólo se compensa la caída de ingresos derivada del entorno internacional adverso, que se calcula en 25 mil millones de pesos, sino que incluso permitirá al gobierno ampliar el Programa de Inversión en Infraestructura, al que se destinarán 53 mil millones de pesos. Aseguró que “avanzaríamos” hacia la autonomía de Pemex y se corregirían sus problemas estructurales, tales como la contabilidad de los Pidiregas y las restricciones notables en el gasto de inversión de la empresa.
Calderón argumentó que impulsa esta reforma porque hay un consenso entre distintos actores políticos de promover la autonomía técnica y financiera de Pemex y de iniciar cuanto antes ese proceso que debe ser gradual.
La segunda medida considera acelerar el ejercicio del gasto en infraestructura y para ello propuso al Congreso de la Unión una serie de reformas a las leyes pertinentes a fin de “liberar cuellos de botella” que permitan agilizar el gasto público en esta materia.
Para ello, se flexibilizará el régimen de inversión de las Siefores para que puedan canalizar una mayor cantidad de recursos hacia proyectos de infraestructura y vivienda, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunciará modificaciones a la regla de capitalización de los bancos para facilitar la colocación de créditos en el mercado vinculado al financiamiento de proyectos de infraestructura.
De igual forma, el Fondo Nacional de Infraestructura iniciará la operación del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo para apoyar soluciones integrantes de transporte urbano en las principales ciudades del país, que implicará una inversión adicional de hasta 17 mil millones de pesos en 2009.
Como tercer punto, anunció la construcción de una nueva refinería de Pemex, la primera después de 30 años, con los recursos acumulados por la paraestatal en su fondo de estabilización al cierre de 2008, que se estima será de 12 mil millones de pesos. Argumentó que esos fondos han alcanzado su límite superior, es decir, “están llenos de acuerdo al límite acordado”, por lo que planteó duplicar dicho límite para fortalecer aún más el blindaje de las finanzas públicas ante eventualidades adversas, y por otra, usar uno de esos fondos para la edificación de una refinería, ya que a México “le hace falta”.
Cabe mencionar que dichos fondos fueron creados semanas antes de que concluyera el gobierno de Ernesto Zedillo, y su propósito era generar ahorros para gastarlos en programas sociales cuando los precios del petróleo se redujeran.
La cuarta medida incluye aplicar un programa extraordinario para impulsar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), en el que se canalizarán 2 mil millones de pesos adicionales; otros 500 millones al Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad, y ampliar el presupuesto del Servicio Nacional de Empleo en 250 millones de pesos.
También ordenó al gabinete económico poner en marcha una estrategia integral que fortalezca la banca de fomento y permita un efecto multiplicador de las inversiones en beneficio de las Pymes.
El gobierno revisará los esquemas de operación y promoverá un uso más eficaz de la banca de desarrollo, a fin de que ésta pueda detonar el financiamiento al sector productivo hasta por 165 mil millones de pesos de crédito.
Con ello, se busca contrarrestar el efecto de la disminución de crédito y liquidez que existe en los mercados financieros internacionales y expandir el crédito al sector productivo en México.
El quinto inciso de su plan consiste en simplificar los trámites al comercio exterior y la operación aduanera, para que los mexicanos no sólo tengan acceso a más productos y a mejores precios, sino también para facilitar el establecimiento de empresas en México, que hoy tienen que seguir una larga cadena de trámites para poder ser competitivas.
Por esa razón, ordenó a los secretarios de Economía y de Hacienda presentar en los próximos días una nueva estructura arancelaria que estimule la inversión y haga más eficiente la regulación comercial.
También considera la construcción de una nueva refinería, con 12 mil millones de pesos acumulados del Fondo de Estabilización de Pemex; la instrumentación de medidas para acelerar el ejercicio del gasto en infraestructura, así como el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y las medidas para desregular y desgravar aranceles para hacer más competitivo el aparato productivo nacional.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó después en un comunicado que incluir la inversión de Petróleos Mexicanos en el presupuesto y excluir la misma del balance presupuestario llevará a un déficit del sector público de 1.8 por ciento del producto interno bruto. Con ello, añadió, los requerimientos financieros del sector público se incrementarían a 2.8 por ciento del PIB, comparado con 2 por ciento que apareció en el paquete económico presentado en septiembre.
Al dar un mensaje en Los Pinos, el michoacano hizo un llamado “respetuoso” al Congreso de la Unión a que apruebe este programa, el cual está plasmado en una serie de adecuaciones a la Ley de Ingresos y al proyecto de Egresos de la Federación para el año 2009, así como en una reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidades Hacendarias.
A diferencia de lo que ocurre en otros países ahora mismo, aclaró que este programa no es un rescate financiero, sino que está enfocado al fortalecimiento de los motores internos de la economía, que le darán un impulso equivalente a cifras cercanas al uno por ciento del PIB.
En conjunto, refirió, este programa implica un mayor impulso fiscal, disponibilidad de financiamiento a sectores prioritarios y apoyo a proyectos de infraestructura por un total de 255 mil 300 millones de pesos.
Flanqueado por los secretarios de Hacienda, Agustín Carstens, y de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, Calderón Hinojosa presentó el programa, que definió como una “respuesta oportuna y decidida” del gobierno federal para enfrentar una situación que afecta a todas las economías del mundo.
De hecho, cinco horas antes, y después de meses de rechazar que esta situación tuviera impacto fuerte en la economía mexicana, el Presidente admitió incluso que ésta es la peor crisis mundial en 80 o 70 años, que habrá de tener “efectos negativos” para el país.
En su mensaje de la tarde, que fue detallado después en un comunicado por la Secretaría de Hacienda, Calderón admitió que el gobierno recibirá 28 mil millones de pesos menos de ingresos públicos a causa de la disminución de la recaudación esperada de impuestos y el menor precio del petróleo. Además, habrá otros impactos negativos para el país, que se traducen en menores exportaciones, remesas, turismo e inversión extranjera directa.
A pesar de este entorno internacional “tan adverso”, anunció que hará frente a esta situación, convencido de que la fortaleza de las finanzas públicas y de la economía mexicana “evitará una crisis como las que solíamos sufrir en el pasado y que condujeron al país a la bancarrota.
“Lo he dicho y lo reitero, la situación adversa de la economía mundial tendrá impacto en México, sí, pero saldremos adelante”, explicó. Previó que una vez que pase esta adversidad el país estará más fuerte, crecerá más rápido y generará más empleos.
Lejos de restringir el crédito, como está ocurriendo en el mundo, señaló que con su programa buscará expandir el aparato productivo y especialmente a las pequeñas y medianas empresas a través de la banca de desarrollo. En lugar de reducir el gasto en infraestructura, dijo, se debe buscar ampliarlo y poder impulsar el crecimiento y el empleo.
Como parte de su plan anticrisis, anunció como primer punto que aprovechará la coyuntura también para “corregir de raíz” una serie de problemas estructurales que se venían arrastrando en la contabilidad y en las finanzas públicas.
Con ese fin, propuso una reforma integral al esquema de inversión de Pemex que incluye eliminar el esquema Pidiregas, reconocer y liquidar parte de estas obligaciones con las disponibilidades existentes o con excedentes disponibles propios y considerar el resto de las obligaciones de este tipo como deuda de la paraestatal.
Además, planteó excluir la inversión de Pemex de la meta de balance presupuestario mediante una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Reforma Hacendaria, con lo que se liberan 78 mil 300 millones de pesos, en su mayor parte de la amortización de Pidiregas.
Con esta cantidad, explicó, no sólo se compensa la caída de ingresos derivada del entorno internacional adverso, que se calcula en 25 mil millones de pesos, sino que incluso permitirá al gobierno ampliar el Programa de Inversión en Infraestructura, al que se destinarán 53 mil millones de pesos. Aseguró que “avanzaríamos” hacia la autonomía de Pemex y se corregirían sus problemas estructurales, tales como la contabilidad de los Pidiregas y las restricciones notables en el gasto de inversión de la empresa.
Calderón argumentó que impulsa esta reforma porque hay un consenso entre distintos actores políticos de promover la autonomía técnica y financiera de Pemex y de iniciar cuanto antes ese proceso que debe ser gradual.
La segunda medida considera acelerar el ejercicio del gasto en infraestructura y para ello propuso al Congreso de la Unión una serie de reformas a las leyes pertinentes a fin de “liberar cuellos de botella” que permitan agilizar el gasto público en esta materia.
Para ello, se flexibilizará el régimen de inversión de las Siefores para que puedan canalizar una mayor cantidad de recursos hacia proyectos de infraestructura y vivienda, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunciará modificaciones a la regla de capitalización de los bancos para facilitar la colocación de créditos en el mercado vinculado al financiamiento de proyectos de infraestructura.
De igual forma, el Fondo Nacional de Infraestructura iniciará la operación del Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo para apoyar soluciones integrantes de transporte urbano en las principales ciudades del país, que implicará una inversión adicional de hasta 17 mil millones de pesos en 2009.
Como tercer punto, anunció la construcción de una nueva refinería de Pemex, la primera después de 30 años, con los recursos acumulados por la paraestatal en su fondo de estabilización al cierre de 2008, que se estima será de 12 mil millones de pesos. Argumentó que esos fondos han alcanzado su límite superior, es decir, “están llenos de acuerdo al límite acordado”, por lo que planteó duplicar dicho límite para fortalecer aún más el blindaje de las finanzas públicas ante eventualidades adversas, y por otra, usar uno de esos fondos para la edificación de una refinería, ya que a México “le hace falta”.
Cabe mencionar que dichos fondos fueron creados semanas antes de que concluyera el gobierno de Ernesto Zedillo, y su propósito era generar ahorros para gastarlos en programas sociales cuando los precios del petróleo se redujeran.
La cuarta medida incluye aplicar un programa extraordinario para impulsar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), en el que se canalizarán 2 mil millones de pesos adicionales; otros 500 millones al Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad, y ampliar el presupuesto del Servicio Nacional de Empleo en 250 millones de pesos.
También ordenó al gabinete económico poner en marcha una estrategia integral que fortalezca la banca de fomento y permita un efecto multiplicador de las inversiones en beneficio de las Pymes.
El gobierno revisará los esquemas de operación y promoverá un uso más eficaz de la banca de desarrollo, a fin de que ésta pueda detonar el financiamiento al sector productivo hasta por 165 mil millones de pesos de crédito.
Con ello, se busca contrarrestar el efecto de la disminución de crédito y liquidez que existe en los mercados financieros internacionales y expandir el crédito al sector productivo en México.
El quinto inciso de su plan consiste en simplificar los trámites al comercio exterior y la operación aduanera, para que los mexicanos no sólo tengan acceso a más productos y a mejores precios, sino también para facilitar el establecimiento de empresas en México, que hoy tienen que seguir una larga cadena de trámites para poder ser competitivas.
Por esa razón, ordenó a los secretarios de Economía y de Hacienda presentar en los próximos días una nueva estructura arancelaria que estimule la inversión y haga más eficiente la regulación comercial.
Claudia Herrera Beltrán http://www.jornada.unam.mx/2008/10/09/index.php?section=politica&article=003n1pol
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