El Poder Judicial fue quien más cumplió con los puntos que le correspondían
El cumplimiento del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad ha sido desigual durante sus primeros 100 días de vigencia, siendo los gobiernos estatales los que mayor rezago reportan
CIUDAD DE MÉXICO.- Los gobiernos estatales incumplieron en la creación de indicadores de medición del desempeño de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas. Ni siquiera a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se pudo avanzar en este rubro. Nada hasta ahora. Tampoco cumplieron con la meta de establecer leyes y competencias concurrentes para el combate al narcomenudeo. No se conoce ni un anteproyecto al respecto. Algunos estados concretaron reformas a sus legislaciones locales e iniciaron la depuración de los cuerpos policiacos, mientras que otros se enfocaron en firmar nuevos acuerdos. La compra de equipo y la capacitación de personal mediante cursos de bajo perfil fueron las constantes en la mayoría de las entidades. También hicieron una desigual reasignación de recursos y partidas dentro de sus respectivos presupuestos para fortalecer y hacer más eficientes los sistemas de seguridad y procuración de justicia. Lo desigual de las acciones se percibe en la prioridad que cada Gobierno otorgó a la lucha contra la inseguridad, pero fuera del marco del acuerdo signado hace 100 días. En Coahuila se inició la certificación del Centro de Evaluación para el Control de la Confianza, órgano de reciente creación en estados como Guerrero, donde también se anunció la construcción y equipamiento de siete centros regionales de adiestramiento policial. La conformación de unidades especializadas de antisecuestro resultó prioritario para Tabasco, Hidalgo y Quintana Roo, por citar algunos ejemplos, pero no para todas las entidades. En Yucatán se fundó la Policía Femenil. Baja California adelantó su incorporación al Sistema Único de Información Criminal. En ningún Estado como éste se aplicaron tantos exámenes de confianza a elementos policiacos y agentes del Ministerio Público. Fue en Chiapas donde se concretaron reformas legislativas, una de ellas dispone castigar hasta con 110 años de cárcel a secuestradores, plagiarios y extorsionadores. A nivel federal, avances Poder Judicial, el más cumplidoEl escenario es de avances importantes, pero con inconsistencias que impiden hablar de un cumplimiento cabal del acuerdo. El Poder Judicial es la Entidad que reporta cumplimiento total de los tres compromisos que había fijado para los primeros 100 días, e incluso adelantó uno que había programado para concretarlo en seis meses. Transparentó el desempeño de los órganos del Poder Judicial de la Federación y de sus titulares, mientras que el Consejo de la Judicatura Federal creó y sistematizó indicadores de desempeño para dar acceso a la sociedad a los datos relacionados con juicios. Por lo que respecta a los legisladores del Congreso de la Unión, si bien cumplieron en recibir las iniciativas de Ley de Seguridad Pública y de reorganización administrativa de la PGR enviadas puntualmente por el Presidente Felipe Calderón, apenas comienzan a dictaminar las mismas, y de momento no tienen ni en agenda el acuerdo firmado de impulsar una Ley de Ejecución de Sanciones Penales, y prever reglas para impedir la preliberación y otros beneficios en delitos como el secuestro y otros cometidos con violencia, que devendría en una inexistente, hasta ahora, Ley General del Delito del Secuestro. Un acuerdo cumplido en parte ha sido el que recae en las secretarías de Seguridad Pública, de la Función Pública y en la PGR, relativo a fortalecer la participación de la sociedad civil, el sistema de denuncias contra la corrupción y la mala actuación de servidores públicos federales. Los arraigos y detenciones de funcionarios de la SIEDO, AFI y SSP que actualmente se encuentran en proceso parten de este principio. Algunas de las detenciones más espectaculares de sicarios y capos del narcotráfico en los últimos tres meses --como autores de los atentados de Morelia, el “Rey” Zambada y Eduardo Arellano Félix-- han sido producto, de acuerdo por la misma autoridad, a llamadas anónimas
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